La Orden Franciscana dio a conocer públicamente su nuevo Manual de Cumplimiento y Código de Integridad Económica, un documento que busca fortalecer la transparencia institucional y prevenir eventuales delitos económicos al interior y sus obras relacionadas. Se trata de un trabajo serio y sistemático desarrollado durante un año, que responde a las exigencias de la Ley 20.393 y la Ley 21.595, normativas que establecen la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo a las organizaciones religiosas.

Por Enrique Astudillo Baeza, periodista

El proceso tuvo como punto de partida la necesidad de comprender en profundidad el itinerario legal que hoy enfrentan las instituciones eclesiales en Chile. En ese camino, la Orden Franciscana contó con el acompañamiento de diversos especialistas del mundo jurídico —penalistas, civilistas, laboralistas y tributaristas—, quienes aportaron desde sus áreas para construir un marco normativo acorde a la realidad franciscana y a los desafíos actuales en materia de delitos económicos.

En esa línea, el hermano Miguel Ángel Correa, ofm, ecónomo de la Orden Franciscana, preciso.“Tenemos la invitación y el desafío de vincular, por un lado, lo que nos pide la ley y la cultura moderna, con nuestra pronta evangelizadora y carismática. Eso para nosotros es muy importante, porque también este modelo de cumplimiento institucional irá consolidando valores y principios que guían el actuar de nuestros colaboradores, voluntarios, agentes pastorales, como también de nosotros mismos, en relación con el mundo y la sociedad civil”.

El abogado José Miguel Delpín, quien participó en la concreción de dicho estatuto para la Orden Franciscana, por su parte, sostiene que la principal importancia radica en que el manual es un mandato legal, donde toda persona jurídica religiosa está obligada a ejecutar. “En segundo lugar, porque permite generar mejoras en los procesos internos de la Orden Franciscana, sujetándolos a principios de transparencia, economía y eficiencia, y de paso, permiten a su vez, prevenir la comisión de delitos u otras prácticas repudiables tanto para la Orden como para nuestro sistema jurídico”.

Prevención y caridad

Uno de los hitos centrales del trabajo fue la elaboración de una matriz de riesgos, diseñada específicamente para la Orden, sus fraternidades, obras y dependencias. Este instrumento permitió identificar áreas sensibles y posibles escenarios de riesgo, siempre desde una mirada preventiva y no punitiva, coherente con el carisma franciscano y con la responsabilidad de colaborar activamente con el Estado en el cumplimiento de la ley.

“Estamos al día con la ley. Nos sentimos parte de este proceso que es vinculante para todos nuestros colaboradores, agentes pastorales, voluntarios, proveedores, honorarios y que pretende también instaurar una especie de ética del cuidado, de la protección, de relación con el mundo y con la sociedad, y que nos puede ayudar a un mejor proceso de evangelización con la comunidad cristiana”, soslayó el hermano Miguel Ángel Correa, ofm.

El proceso incluyó una escucha activa a guardianes de fraternidades, encargados de obras y agentes directamente vinculados a la Orden. Sus aportes fueron clave para conocer la realidad concreta del quehacer institucional y ajustar el Manual a las dinámicas reales de funcionamiento, promoviendo así una cultura de corresponsabilidad, control interno y transparencia.

Para el abogado José Miguel, fue un proceso de largo aliento que lo llenó de gratitud. “Es muy gratificante poder asesorar a la Orden Franciscana en estos procesos, siendo además una de las personas jurídicas religiosas pioneras en abordar estos temas. Tuvimos, eso sí, mucha ayuda del Arzobispado de Santiago y su equipo jurídico y les estamos muy agradecidos por ello”.

Todos somos parte del cuidado

El Manual tendrá un alcance personal, territorial y de vigencia amplio, y estará disponible para todas las personas que deseen acceder a la información. Desde la Orden Franciscana destacan que este paso no solo busca disminuir riesgos legales, sino también reafirmar un compromiso evangélico con la probidad, la ética y el buen uso de los recursos, entendiendo que cumplir la normativa vigente es también una forma concreta de dar testimonio cristiano en la sociedad actual.

“Invito a todas las congregaciones, fundaciones y corporaciones de la Iglesia a abordar estos temas con valentía, pero también con entusiasmo. No solo es necesario, sino que es una obligación legal que les permite proteger sus fines, custodiando su patrimonio y a las personas que toman decisiones dentro de la Iglesia”, alentó el abogado José Miguel Delpín

“Por eso nos alegra, porque ha sido un proceso de largo aliento, que nos permite hoy sabernos al día en la normativa vigente”, cerró el hermano Miguel Ángel Correa, ofm, ecónomo de la Orden Franciscana.